Proponen ampliar plazo para registrar líneas celulares y evitar cancelación de 60 millones

Ciudad de México, 24 de junio de 2026.- El senador Clemente Castañeda Hoeflich presentó una iniciativa para ampliar de 120 a 360 días hábiles el plazo para registrar las líneas telefónicas móviles en el Registro Nacional de Líneas Móviles, con el argumento de evitar que cerca de 60 millones de líneas sean suspendidas a partir del 30 de junio.

El legislador de Movimiento Ciudadano advirtió que una cancelación masiva afectaría no sólo la comunicación de millones de personas, sino también el acceso a servicios bancarios, gubernamentales, educativos y de salud que actualmente dependen del uso del teléfono celular.

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Iniciativa busca modificar la ley

La propuesta plantea reformar el artículo trigésimo transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para extender el plazo de registro y evitar que las líneas no asociadas a un usuario identificado sean suspendidas al concluir junio.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis.

Advierten riesgo de desconexión masiva

En la exposición de motivos, Clemente Castañeda señaló que, aunque el Registro Nacional de Líneas Móviles tiene como propósito fortalecer la seguridad pública y combatir el uso de líneas anónimas en actividades delictivas, su implementación enfrenta dificultades operativas.

De acuerdo con cifras citadas por el senador, al 13 de mayo la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) había registrado 48 millones de líneas, mientras que el ritmo de inscripción es de aproximadamente 750 mil registros diarios.

Con esa tendencia, estimó que para el 30 de junio sólo 84 millones de las 144 millones de líneas activas estarían registradas, por lo que alrededor de 60 millones podrían ser suspendidas, según sus cálculos.

Piden mayor flexibilidad

El legislador afirmó que operadores como Telcel, AT&T, Telefónica México, Bait, Altán Redes y más de 150 operadores móviles, junto con la CRT, han reforzado las campañas de registro; sin embargo, consideró que estos esfuerzos no han sido suficientes para alcanzar la meta en el tiempo previsto.

También señaló que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha descartado, hasta ahora, otorgar una prórroga para el registro.

Castañeda sostuvo que mantener el plazo sin modificaciones podría provocar una desconexión involuntaria de millones de usuarios y planteó que el Estado debe garantizar que las políticas de seguridad no deriven en exclusión digital.

“La protección del derecho a las telecomunicaciones exige que las autoridades actúen con racionalidad, proporcionalidad y sensibilidad social, para que ningún ciudadano pierda el acceso a un servicio indispensable para su vida cotidiana”, expresó.