Congreso de Michoacán aprueba procedimiento para cancelar gravámenes antiguos
Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2026. — El Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad modificaciones al Código Civil y a la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado para establecer un procedimiento administrativo más claro de cancelación de gravámenes antiguos, vencidos o prescritos que permanecen inscritos en el Registro Público de la Propiedad.
El dictamen, elaborado por las comisiones de Justicia y Gobernación, incorpora el artículo 2051 Bis al Código Civil y modifica disposiciones de los artículos 30, 38, 57 y 59 de la legislación registral y catastral.
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¿Qué gravámenes podrán cancelarse?
La reforma contempla mecanismos para solicitar la cancelación administrativa de determinadas cargas registrales, particularmente aquellas relacionadas con créditos cuyo vencimiento o plazo de ejecución haya ocurrido hace 20 años.
De acuerdo con el comunicado legislativo, el procedimiento estará sujeto al pago de los derechos correspondientes y al cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
La modificación busca facilitar la depuración de inscripciones que continúan apareciendo en los registros inmobiliarios, aunque las obligaciones que les dieron origen puedan haber perdido vigencia.
Esto no significa que cualquier gravamen con más de 20 años pueda eliminarse automáticamente: la procedencia de la cancelación dependerá de los supuestos y documentos previstos en la legislación.
Solicitudes deberán acreditar interés legal
El Congreso informó que la cancelación administrativa podrá solicitarse por personas que acrediten interés legal y legítimo.
En los casos vinculados con medidas judiciales, el procedimiento también requerirá documentación que permita conocer el estado procesal de la demanda correspondiente.
Las reformas incluyen disposiciones para realizar las cancelaciones tanto en el sistema documental como en el electrónico del Registro Público de la Propiedad.
Buscan reducir trámites registrales
El dictamen reunió iniciativas presentadas por David Martínez Gowman, Juan Antonio Magaña de la Mora y Alfredo Anaya, integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), según la información legislativa.
El objetivo declarado es reducir cargas burocráticas y facilitar la actualización de los registros de inmuebles para propietarios, notarios, instituciones financieras y otras personas usuarias.
