La democracia también se demuestra en casa
Por Myriam Martínez Ramírez
La democracia no se pone a prueba cuando todos están de acuerdo. Su verdadera fortaleza se revela cuando existen diferencias, cuando los resultados no satisfacen las expectativas y cuando las instituciones deben tomar decisiones que pueden resultar incómodas para quienes tienen mayor influencia política.
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Es entonces cuando los principios dejan de ser palabras y se convierten en compromisos.
En la vida interna de los partidos políticos existe una discusión que merece abordarse con seriedad: ¿qué tan democráticos son los procedimientos cuando las condiciones de participación no son iguales para todos?
La pregunta trasciende cualquier coyuntura electoral. Tiene que ver con la legitimidad de las instituciones, la confianza de la militancia y, sobre todo, con la congruencia entre lo que se proclama y lo que se practica.
Porque defender la democracia no significa exigir que siempre prevalezca nuestra voluntad.
Significa aceptar que existen reglas, instituciones y derechos que deben respetarse, incluso cuando sus resultados no nos favorecen.
La democracia no puede tener categorías
Uno de los principios fundamentales de cualquier sistema democrático es la igualdad de derechos.
En teoría, todas las personas que participan en un procedimiento institucional deben contar con garantías claras y condiciones de equidad.
En la práctica, sin embargo, la política suele establecer diferencias que no siempre están escritas en las convocatorias.
El reconocimiento público, las estructuras territoriales, la exposición mediática y la capacidad de influencia pueden convertirse en factores determinantes.
Esto obliga a reflexionar sobre una cuestión esencial:
¿La democracia debe garantizar los derechos de todas las personas o solamente responder a quienes tienen mayor capacidad para hacerse escuchar?
La respuesta parece evidente, pero sus implicaciones son profundas.
Una institución democrática no puede medir la importancia de los derechos según la popularidad de quien los ejerce.
Tampoco puede permitir que la capacidad de presión sustituya los procedimientos establecidos.
Porque cuando los derechos dependen del peso político de las personas, dejan de ser derechos y comienzan a parecer privilegios.
Y los privilegios son precisamente aquello que una auténtica transformación democrática debe superar.
El valor de respetar las reglas
En política se habla constantemente de disciplina, institucionalidad y respeto a los procedimientos.
Pero pocas veces se reflexiona sobre lo que sucede cuando cumplir las reglas coloca a unas personas en desventaja frente a quienes deciden anticiparse a ellas.
Los tiempos establecidos en una convocatoria no deberían ser simples formalidades.
Su propósito es generar certeza y ofrecer condiciones razonablemente equitativas para participar.
Cuando algunas aspiraciones adquieren visibilidad mucho antes de que comiencen formalmente los procedimientos, se abre una discusión legítima sobre las ventajas que puede generar esa exposición anticipada.
Una encuesta puede medir con precisión el nivel de conocimiento o preferencia hacia determinadas personas, pero sus resultados también pueden reflejar desigualdades construidas previamente.
No siempre quien es más conocido es quien tiene mayor preparación, compromiso o capacidad para asumir una responsabilidad pública.
La popularidad es un dato relevante, pero no constituye por sí misma una medida de integridad, trayectoria o vocación de servicio.
Por eso, los mecanismos de selección deben analizarse desde una perspectiva más amplia que la simple competencia de posicionamiento.
La pregunta es inevitable:
¿Qué mensaje reciben quienes respetan los tiempos institucionales si adelantarse a ellos termina ofreciendo mayores ventajas?
La democracia necesita reglas que tengan sentido y autoridades capaces de hacerlas valer.
Porque respetar las instituciones debe ser una fortaleza, nunca una desventaja.
La justicia no puede ser selectiva
Toda persona tiene derecho a inconformarse cuando considera que un procedimiento no se desarrolló conforme a las reglas.
Ese derecho forma parte de la vida democrática y debe garantizarse sin restricciones arbitrarias.
Pero el ejercicio de un derecho también implica reconocer que otras personas poseen exactamente las mismas garantías.
Ahí comienza la verdadera congruencia.
No se puede exigir justicia para uno mismo y permanecer indiferente ante los derechos de los demás.
Cuando un procedimiento es cuestionado, las instituciones tienen la obligación de revisar los argumentos, valorar las pruebas y determinar lo que corresponda conforme a sus normas.
Si existen razones fundadas para modificar o reponer alguna etapa, la decisión debe estar debidamente justificada.
Y, sobre todo, debe considerar los derechos de todas las personas legítimamente involucradas.
Una controversia no debería resolverse mediante decisiones que generen nuevas desigualdades.
Tampoco tendría sentido corregir una posible irregularidad mediante excepciones que carezcan de justificación.
La justicia institucional no consiste en satisfacer a quien reclama con mayor fuerza.
Consiste en aplicar las mismas reglas y garantías a todas las personas que se encuentren en condiciones equivalentes.
Porque una democracia que solamente escucha a los más fuertes termina debilitando su propia legitimidad.
La transformación también es una responsabilidad interna
Los movimientos políticos que nacen con la aspiración de transformar la vida pública adquieren una responsabilidad especialmente importante: demostrar que sus principios también orientan su funcionamiento interno.
No basta con defender la democracia en los discursos.
Es indispensable practicarla en los procedimientos, en las decisiones y en la manera de resolver las diferencias.
La transformación no puede limitarse al cambio de personas en los espacios de poder.
Debe alcanzar las prácticas políticas, los mecanismos de participación y la relación entre las instituciones y su militancia.
Para Morena, cuya historia está vinculada a la lucha contra los privilegios y a la exigencia de una vida pública más democrática, esta reflexión tiene un significado particular.
La congruencia es uno de los mayores patrimonios políticos que puede conservar un movimiento.
Y esa congruencia exige que los principios estén por encima de las aspiraciones individuales.
No podemos aspirar a transformar las instituciones del país si no somos capaces de fortalecer la democracia dentro de nuestras propias organizaciones.
La autoridad moral no se obtiene mediante declaraciones.
Se construye con decisiones.
Con la capacidad de reconocer derechos, respetar procedimientos y actuar con justicia, incluso cuando hacerlo resulte políticamente incómodo.
La militancia no es espectadora de la democracia
Los partidos políticos no se construyen solamente con liderazgos visibles.
Detrás de cada organización existe una historia colectiva de participación, trabajo territorial, convicciones y esfuerzos que muchas veces permanecen lejos de los reflectores.
Esa historia merece respeto.
La militancia no puede ser considerada únicamente cuando se necesita movilización, respaldo electoral o legitimidad política.
Su participación también debe reconocerse cuando se toman decisiones que afectan la vida interna de los partidos.
Porque la democracia no es una concesión de las dirigencias.
Es un principio que debe orientar la relación entre todas las personas que integran una organización política.
Las instituciones sólidas no son aquellas que consiguen que nadie cuestione sus decisiones.
Son aquellas que pueden explicar sus determinaciones, sustentarlas y garantizar que los derechos de sus integrantes sean respetados.
La confianza no se impone.
Se construye mediante la certeza de que las reglas son conocidas, las decisiones son transparentes y los procedimientos no cambian según la influencia de quienes participan.
La unidad necesita justicia
En política, la unidad suele presentarse como una necesidad indispensable.
Y ciertamente lo es.
Ningún movimiento puede avanzar si permanece atrapado en confrontaciones internas.
Pero la unidad auténtica no se consigue ignorando las diferencias ni pidiendo silencio frente a las inquietudes legítimas.
Se construye cuando existe confianza en las instituciones.
Cuando las personas saben que sus derechos serán respetados.
Cuando las decisiones tienen fundamentos claros.
Y cuando los intereses particulares no se colocan por encima de los principios colectivos.
La unidad sin justicia puede producir acuerdos temporales; la unidad con justicia construye instituciones duraderas.
Por eso, los procesos internos deben entenderse también como oportunidades para fortalecer la cultura democrática.
Cada convocatoria, cada procedimiento y cada resolución transmite un mensaje sobre los valores que realmente orientan a una organización.
Y esos mensajes tienen consecuencias.
Porque la manera en que se ejerce la democracia dentro de los partidos anticipa, en buena medida, la manera en que se entiende el ejercicio del poder público.
El verdadero desafío
En medio de cualquier controversia política es fácil perder de vista lo esencial.
La discusión puede concentrarse en resultados, aspiraciones, inconformidades o correlaciones de fuerza.
Pero la pregunta de fondo debería ser mucho más profunda:
¿Estamos construyendo una democracia donde las instituciones garantizan los derechos de todos o una donde las reglas terminan adaptándose al peso político de unos cuantos?
La respuesta definirá mucho más que el desenlace de un procedimiento interno.
Definirá la confianza de quienes participan, la credibilidad de las instituciones y la congruencia de los proyectos políticos.
La democracia necesita liderazgos capaces de competir, pero también de respetar.
Necesita instituciones capaces de decidir, pero también de escuchar.
Y necesita una militancia consciente de que defender sus derechos no significa confrontar a su organización, sino contribuir a su fortalecimiento.
Porque la democracia no se reduce a ganar una encuesta, una candidatura o una elección.
Su verdadero significado está en garantizar que todas las personas tengan derechos, que las reglas se respeten y que ninguna aspiración individual sea más importante que los principios colectivos.
La grandeza de un movimiento no se demuestra por la fuerza de quienes lo encabezan, sino por la justicia con la que trata a todos sus integrantes.
Y quizá esa sea una de las reflexiones más necesarias para la política de nuestro tiempo:
No se trata de que todos tengamos las mismas posibilidades de ganar. Se trata de que todos tengamos el mismo derecho a participar bajo reglas justas.
Porque la democracia no puede ser un principio que defendamos solamente cuando nos beneficia.
Debe ser una convicción que sostengamos incluso cuando hacerlo implique renunciar a ventajas particulares.
La democracia no admite ciudadanos de primera y de segunda. Tampoco militantes con derechos de distinta categoría.
Y quien verdaderamente cree en la transformación debe comprender que el respeto a los derechos ajenos es tan importante como la defensa de los propios.
Porque la democracia, para ser auténtica, también debe demostrarse en casa.
Myriam Martínez Ramírez
Fundadora Morena
