FGR identifica red de 11 empresas vinculadas al huachicol fiscal; UIF y EU amplían el cerco financiero
Ciudad de México, 26 de julio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) identificó una presunta red de 11 empresas que habría participado en un esquema de huachicol fiscal para introducir ilegalmente gasolina y diésel a México mediante operaciones aduaneras simuladas y evasión de impuestos. La investigación, que ya derivó en procesos penales contra empresarios y exfuncionarios, también se ha extendido al ámbito internacional con acciones del Gobierno de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Una red empresarial bajo investigación
De acuerdo con la carpeta de investigación de la FGR, la organización utilizaba diversas sociedades mercantiles para importar combustibles desde Estados Unidos con documentación presuntamente falsa, declarando productos distintos a gasolina o diésel para reducir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros gravámenes.
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Entre las empresas señaladas figura Ingemar S.A. de C.V., considerada por la Fiscalía como una de las piezas centrales del presunto esquema. También aparecen compañías relacionadas con actividades logísticas, ferroviarias, portuarias y de comercialización, que habrían servido para mover y distribuir el combustible una vez ingresado al país.
Las investigaciones apuntan a que la red operó mediante una estructura empresarial que simulaba operaciones legales para ocultar el origen del combustible y facilitar su comercialización.
Así operaba el presunto huachicol fiscal
Las indagatorias establecen que los hidrocarburos ingresaban principalmente por ferrocarril en carrotanques procedentes de Estados Unidos.
Ante las autoridades aduaneras, la carga era declarada como aditivos industriales, lubricantes, sosa cáustica, solventes o productos químicos, cuando en realidad transportaba gasolina Magna, Premium y diésel.
Además, la documentación reportaba únicamente una fracción del volumen real transportado, lo que habría permitido disminuir de manera significativa el pago de impuestos federales.
La FGR estima que el esquema movilizó alrededor de 800 millones de litros de combustibles en aproximadamente quince meses, ocasionando un daño al erario superior a 5 mil 400 millones de pesos.
El mayor aseguramiento ferroviario
La investigación cobró fuerza tras el aseguramiento de 129 carrotanques ferroviarios con aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila, considerado uno de los mayores decomisos de combustible registrados en México.
Ese operativo permitió a las autoridades reconstruir la ruta logística utilizada por la presunta organización, identificar empresas involucradas y rastrear operaciones financieras relacionadas con la importación y comercialización de combustibles.
Estados Unidos endurece las sanciones
El caso también escaló al ámbito internacional.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra más de 50 personas físicas y morales presuntamente vinculadas con la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las autoridades estadounidenses sostienen que el huachicol fiscal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de esa organización criminal, al generar ingresos por decenas de millones de dólares mediante el contrabando y comercialización ilegal de combustibles.
UIF presenta denuncia ante la FGR
Tras las sanciones emitidas por Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La UIF explicó que detectó operaciones financieras inusuales, transferencias internacionales, adquisición de bienes inmuebles, vehículos de lujo, joyas y activos virtuales, además de movimientos incompatibles con los ingresos reportados por algunas de las personas y empresas investigadas.
Como parte de las medidas preventivas también fueron bloqueadas diversas cuentas bancarias relacionadas con la investigación.
Ruffo rechaza las acusaciones
Dentro de la causa penal figura el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien ha rechazado los señalamientos y sostiene que únicamente participó como accionista en una de las empresas investigadas.
No obstante, un juez federal determinó vincularlo a proceso por diversos delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y operaciones vinculadas con hidrocarburos, mientras continúan las investigaciones sobre el resto de los involucrados.
Investigación continúa
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las investigaciones permanecen abiertas y que existen más empresas y personas físicas bajo análisis por su posible participación en la red de huachicol fiscal.
Las autoridades federales buscan establecer la totalidad de los beneficiarios del esquema, cuantificar el daño económico ocasionado al Estado mexicano y determinar si los recursos obtenidos fueron utilizados para financiar actividades de la delincuencia organizada.
